Una evaluación de impacto con datos del programa piloto de San Diego (en 2005) no identificó ninguna reducción en las tasas generales de reincidencia, aunque los infractores tratados por el programa tenían menos probabilidades de fugarse o de no registrarse como agresores sexuales en comparación con los infractores que no recibieron tratamiento [1].

Los infractores acompañados por el programa tenían menos probabilidades de ser acusados de cometer un nuevo delito, pero más probabilidades de violar una condición especial de supervisión por GPS. El programa parece evitar que los infractores cometan delitos de menor nivel, lo que cuestiona la utilidad de esta herramienta de supervisión para los agresores sexuales [1].

El estudio tenía un diseño cuasi experimental, con una muestra de 94 presos en libertad condicional controlados por GPS y otros 91 asignados al grupo de comparación. El período de seguimiento de ambos grupos fue de 18 meses [1].