Operación “Hardcore” (Los Angeles, CA, Estados Unidos)
Problemas abordados
Reincidencia en delito
Implicación en grupos violentos
Efectividad

Prometedor

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Prometedor

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Períodos de vida que atiende
Atiende a personas de todas las edades
Donde el programa se aplicó
Tribunales de justicia
País donde se aplicó
Estados Unidos
Descripción

Se trata de una intervención judicial destinada a activar unidades especializadas para enjuiciar los delitos relacionados con las bandas. Los fiscales eligen sus casos con base en criterios que ayudan a identificar individuos reincidentes en delitos violentos graves.

Cada fiscal sigue un pequeño número de casos de forma continua y recibe apoyo adicional de la policía y otros organismos. Estos factores contribuyen a un mejor seguimiento de los testigos y a la preparación temprana de cada caso, restringiendo cualquier acuerdo previo al juicio.

Evaluaciones de impacto

Dos evaluaciones de impacto evidenciaron que el programa fue responsable de un aumento de las tasas de condenas y encarcelamientos y de una disminución de los casos rechazados y perdidos. Los estudios no identificaron el impacto en la apelación [1] [2].

El primer estudio utilizó el método de series temporales, comparando tres grupos: Pre-Hardcore, adultos procesados entre 1976 y 1978, antes de que se aplicara el programa; Post-Hardcore, adultos procesados entre 1979 y 1980, por fiscales no activos en el programa; y Grupo de Tratamiento, adultos procesados por fiscales de la Operación Hardcore [1].

El segundo estudio analizó los datos primarios de la investigación de Dahmann y los datos secundarios emitidos por la Fiscalía sobre la eficacia de la Unidad de Investigación de Pandillas [2].

Refrencia bibliográfica

[1] Dahmann, J. S. (1983). Prosecutorial response to violent gang criminality: An evaluation of operation hardcore. Washington, DC: National Institute of Justice.

[2] Pyrooz, D. C., Wolfe, S. E., & Spohn, C. (2011). Gang-related homicide charging decisions: The implementation of a specialized prosecution unit in Los Angeles. Criminal Justice Policy Review, 22(1), 3-26.

Fuente de información