Una evaluación de impacto evidenció una reducción estadísticamente significativa de las detenciones previas al juicio por delitos contra la propiedad, un 83% menos de detenciones por delitos sexuales y un 70% menos de detenciones por otros delitos, en comparación con los participantes del grupo de control que no recibieron la intervención [1].
El estudio llevó a cabo un ensayo clínico controlado con una muestra de 48 agresores sexuales adolescentes, 24 en la condición de tratamiento y 24 en la condición de grupo de control. La duración media del seguimiento fue de 8,9 años, realizado en 30,8 semanas [1].