Es un programa de tratamiento comunitario para personas con trastornos mentales en conflicto con la ley. El objetivo es evitar que estas personas sean procesadas indebidamente y sin poner en riesgo la seguridad pública.
Los participantes deben mantener un contacto frecuente con el juez, los trabajadores sociales judiciales y el equipo de tratamiento en la comunidad, asistiendo a las audiencias posteriores. También se aplican sanciones e incentivos para garantizar el cumplimiento de las condiciones del programa.
Los participantes pueden recibir intervenciones intensivas, como el ingreso en centros psiquiátricos, servicios residenciales de 24 horas y servicios de desintoxicación, o intervenciones terapéuticas más suaves, como servicios de tratamiento y apoyo comunitario, terapia individual y de grupo, manejo de la medicación y gestión de casos.