Se trata de una intervención de grupos violentos para reducir la violencia armada en los territorios disputados por las bandas.

Los fines de semana, durante 2 meses, los agentes patrullaron los parques locales y las cuadras de viviendas públicas adyacentes a la zona objetivo. Visitaron los domicilios de los miembros de las bandas y ejecutaron las órdenes de detención pendientes (por violación de la libertad o posesión de armas y drogas), reiterando que la intervención era consecuencia de la violencia cometida por las bandas.

El programa también incluía acciones de asistencia social, como el seguimiento de los infractores por parte de organismos sanitarios, de asistencia social y de las unidades de vivienda. Se ofrecieron recompensas a los ciudadanos a cambio de información que condujera a la detención de individuos vinculados a los grupos violentos.