Es un programa multiagencial en el que participan funcionarios locales, estatales y federales encargados de hacer cumplir la ley, junto con representantes de instituciones penitenciarias de libertad condicional, y que se centra en los delitos graves cometidos con armas de fuego.
El programa incluye cinco componentes: asociación, plan estratégico de resolución de problemas, formación, divulgación y responsabilidad.
Las detenciones fueron revisadas por los miembros principales del equipo (judicial) para determinar las prioridades, y la información sobre las bandas y las zonas con actividad de armas de fuego fue compartida con el resto del equipo.