Corresponden al primer nivel de agregación del Banco de Evidencias, y han sido definidos teniendo en cuenta dos criterios principales:
Asegurar la representatividad de las áreas y sectores que habitualmente se movilizan en la organización e implementación de las políticas públicas de seguridad y justicia;
y Enunciar una perspectiva multidimensional que, más allá de las políticas de control tradicionalmente ejecutadas por las fuerzas policiales, abarque también cuestiones relacionadas con un abordaje preventivo capaz de hacer frente al carácter multidisciplinario y multifactorial de los determinantes de la inseguridad, del delito, de la violencia y del desorden.