Se refiere a una de las políticas puestas en marcha en España con el objetivo de facilitar la denuncia y promover la reducción de los casos de violencia doméstica: la creación de juzgados especializados en violencia de pareja (IPV, por sus siglas en inglés). Estos son juzgados especializados, ya que los jueces asignados a ellos se ocupan únicamente de casos de IPV, y los tribunales están dotados de recursos específicos y personal especializado para proporcionar una experiencia menos perjudicial para las víctimas, así como decisiones judiciales más rápidas y oportunas.

Estos tribunales se han creado con el objetivo de agilizar el proceso judicial y atender las necesidades específicas que puedan tener las víctimas, debido a las consecuencias psicológicas de este tipo de violencia. Para esto, combinan competencias civiles y penales, y pueden demandar, juzgar y decidir tanto en materia de medidas cautelares como de acciones penales relacionadas con la violencia doméstica contra las mujeres.