Es un programa que busca aumentar la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia doméstica, mediante el seguimiento proactivo de las mujeres víctimas y la restricción de cualquier tipo de contacto del agresor.

La intervención consiste en un contacto proactivo por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (agentes de policía, fiscales y funcionarios judiciales), además del seguimiento estándar ofrecido a las mujeres que han recibido órdenes de medidas de protección, con los objetivos de:

1) garantizar que las víctimas comprendan la finalidad y los requisitos asociados a las medidas de no contacto por parte del agresor;

2) asesorar a las víctimas sobre cómo recoger pruebas y movilizar a las fuerzas del orden en caso de que se produzca una violación; y

3) controlar el cumplimiento de las órdenes de protección.

El seguimiento de las víctimas puede realizarse tanto en sus domicilios como mediante contacto telefónico.