Es un programa de alianza entre la policía y jóvenes infractores para la supervisión policial como alternativa al proceso judicial.
Para participar del programa, los jóvenes no debían ser reincidentes, debían haber cometido delitos menores y admitir la infracción cometida, estar autorizados por sus familias y cooperar con la supervisión policial.
La supervisión policial incluyó visitas a domicilio durante 6 meses, interlocuciones con instituciones (escuelas, comercios, departamentos de asistencia social) y conferencias y actividades orientadas a los jóvenes.