Es un programa de sentencias alternativas destinado a desviar del sistema de justicia penal a los infractores que han cometido delitos no violentos por primera vez.

Los acusados son supervisados por el programa durante 12 meses, teniendo que comparecer ante el tribunal para una vista inicial y, a partir de entonces, una vez cada tres meses. Tras el juicio inicial, los acusados son supervisados mensualmente por un funcionario de los servicios de prisión preventiva.

Para determinados delitos, se exige a los acusados que cumplan condiciones educativas y laborales, incluida la restitución íntegra a la víctima o al propietario y la participación en servicios comunitarios.

Al final del programa, se retiran los cargos penales y se pueden borrar sus antecedentes. El participante que reincida durante el programa perderá el acompañamiento de este servicio. Si los acusados no completan el programa, el delito permanecerá en sus antecedentes y se les imputará un cargo tradicional ante los tribunales.