Una evaluación de impacto evidenció que, a los siete meses de seguimiento, las mujeres participantes en el programa declararon sufrir un 14,71% menos de violencia que las mujeres del grupo de control, que no recibieron la intervención. Las participantes tenían un 40,8% más de probabilidades de solicitar una orden de protección, mientras que el grupo de control tenía un 32,3%, y se mostraron un 31,2% más propensas a tomar medidas de protección (retirar armas, cambiar de domicilio, obtener atención médica para las lesiones, etc.), frente al 20,4% de las mujeres del grupo de control [1].

La intervención puede estar asociada a una reducción de la victimización. Sin embargo, es posible que las víctimas que estaban más dispuestas a participar en el programa también tuvieran menos probabilidades de volver a ser victimizadas. Esto demuestra que la colaboración entre las fuerzas del orden y los servicios sociales es importante y puede ser eficaz para reducir la violencia de pareja [1].