El programa ofrece una transferencia económica condicionada, orientada a incentivar a las familias para que busquen opciones alternativas al cultivo de plantas utilizadas para la producción de psicotrópicos ilegales. De esta forma, se promueve que familias rurales socialmente vulnerables se mantengan mediante su participación en la economía legal.

El programa también alienta a las familias beneficiarias a ahorrar y convertirse en propietarias de la tierra, para lo que se promueve la formación de cooperativas y asociaciones comunitarias.

Cada dos meses, cada familia, representada por una persona mayor de 14 años, preferiblemente mujer y jefa de hogar, recibe el incentivo en las cuentas bancarias de ahorro que otorga el programa. Inicialmente, el incentivo fue de 5 millones de pesos colombianos por año (fases I y II), entregado durante tres años, incluida la obligación de ahorrar una parte; luego subió a 3,6 millones por año (fase V), entregados durante un año y medio, sin ahorro obligatorio. Son elegibles tanto familias que hayan participado en cultivos ilícitos como familias que no hayan tenido esa experiencia.