Es un programa para monitorear a los niños y adolescentes de 12 a 18 años en conflicto con la ley y con problemas asociados con el uso de drogas.

El programa mantiene los siguientes ejes:
1) en el momento de la prisión, se realiza una evaluación para la identificación inmediata de los problemas asociados con el abuso de sustancias;
2) evaluación para establecer el grado de abuso de sustancias y la presencia de otros factores de riesgo psicológico o penal;
3) coordinación e integración de servicios individualizados;
4) uso de sanciones, incentivos y recompensas para alentar a los jóvenes a cumplir con el tratamiento y abstenerse del uso de drogas, lo cual también está integrado por cuatro componentes:
a) supervisión judicial: incluye planes de intervención ordenados por el tribunal, directores de libertad condicional y coordinadores de servicios;
b) prueba de orina, para identificar y monitorear el uso de drogas e informar las estrategias de intervención y tratamiento;
c) tratamiento del abuso de sustancias, con un profesional de referencia, que es responsable del contacto y la derivación de los adolescentes a un servicio de tratamiento correspondiente a sus necesidades;
d) servicios de salud mental: si se identifican problemas de salud mental, el adolescente es derivado a un especialista en salud mental para una evaluación integral.