Se trata de centros públicos gratuitos, implantados en 1999 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. En 2014 había 226 Centros Emergencia Mujer (CEM), que cubrían el 100% de las 24 regiones y el 96% de las provincias peruanas.
Su objetivo es reforzar la capacidad del sistema judicial para detectar, procesar y apoyar a las víctimas de la violencia doméstica y sexual con un enfoque interdisciplinar que incluya las dimensiones jurídica, social y psicológica.
Las víctimas reciben un servicio integrado para atender sus demandas, como una comisaría, un abogado y un médico, en una única oficina, para reducir al mínimo la espera de asistencia. Los registros de violencia se controlan y evalúan sistemáticamente, identificando los casos de reincidencia.
Además, se ofrecen programas de prevención de la violencia para identificar, controlar y reducir los factores de riesgo.