Es un programa para reducir el tráfico de drogas y mejorar las condiciones de vivienda en las zonas vigiladas. En cada zona, la policía se reúne con las partes interesadas en resolver el problema, como representantes de la comunidad, inquilinos y empresarios locales.

La policía sugiere medidas sencillas de prevención de la delincuencia y explica los derechos de los inquilinos y las responsabilidades de los mismos si se descubre que el local se utiliza para la venta de drogas o para ocasionar perturbaciones de la tranquilidad.

Además, se llevan a cabo actividades de formación, animando a los propietarios a buscar posibles arrendadores e informando sobre el proceso de desalojo de los inquilinos que causan problemas.