Una evaluación de impacto evidenció que, con la mejora del alumbrado público, hubo una disminución del 41% en la incidencia de delitos y una disminución del 23% en su prevalencia, en comparación con una reducción de solo el 3% en las zonas no beneficiadas por el programa. Hubo una pequeña reducción del miedo al delito entre los residentes de las áreas objetivo, y no hay evidencia sobre el desplazamiento del delito a las zonas adyacentes [1].