Es un requisito legal para la protección de puertas y ventanas, que obliga a los propietarios de casas y edificios a mantenerlas en buen estado físico y de funcionamiento, aunque los inmuebles no estén en uso o estén abandonados.
La normativa contempla, además, enviar avisos a los propietarios con el objetivo de prevenir situaciones de tomas ilegales y dar una señal de control social y mayor percepción del orden en zonas determinadas. Cada 35 días, los edificios son inspeccionados y el incumplimiento de las mejoras resulta en la imposición de multas significativas, de US$300/día.