Es una intervención de seguimiento electrónico con un sistema de GPS para supervisar a las personas acusadas de violencia contra las mujeres. El objetivo es reducir la revictimización y el incumplimiento de los requisitos, como la incomparecencia recurrente ante los tribunales.

Se informa a los participantes sobre el seguimiento constante y la necesidad de asistir a las reuniones del tribunal y de gestión de casos con los supervisores. La vigilancia electrónica implica la determinación de zonas de exclusión, que corresponden al entorno rutinario de la víctima (casa, escuela de los hijos/as, trabajo).

En caso de incumplimiento de las normas, el equipo de vigilancia avisa a los supervisores, a través de diferentes canales de comunicación, quienes a su vez establecen contacto con los agentes de policía, para realizar controles in situ o detenciones.