Se trata de un programa desarrollado por la policía en colaboración con los servicios terapéuticos y asistenciales, dirigido a infractores de alto riesgo de entre 20 y 45 años. El objetivo es reducir el comportamiento delictivo, asumiendo que el tratamiento de estas personas puede contribuir a la reducción de la delincuencia.

El proyecto piloto incluía:
1) la participación de los usuarios en acciones terapéuticas intensivas, como consultas semanales con un trabajador social para hablar de los problemas de las drogas y de posibles recaídas;
2) vinculación con servicios de asistencia social para que el acceso a vivienda;
3) formación y apoyo educativo.

La articulación entre la policía y otros proveedores de asistencia social amplía la comunicación y la responsabilidad para la atención y el seguimiento de los usuarios, con el objetivo de una respuesta más rápida en caso de inasistencia o abandono de las acciones.

Además, contribuye a una participación policial más intensa y al conocimiento del compromiso y el progreso terapéutico de la población atendida por el programa, así como a intervenciones específicas de la policía cuando se detecta el incumplimiento del tratamiento.