Se trata de un programa de control electrónico, implantado en 1997 en la provincia de Buenos Aires. El país fue pionero en América Latina en el uso de esta tecnología.

Como alternativa a las prisiones, que sufren de hacinamiento y condiciones precarias, el programa permite que los agresores permanezcan detenidos en sus casas, siendo vigilados a través de una tobillera que transmite una señal a un receptor instalado en el domicilio del infractor.

El receptor envía la señal al operador a través de una línea telefónica y, si esta señal se interrumpe, o se detecta una infracción, o si no se detectan los signos vitales del agresor, se activa el servicio penitenciario y se envía una patrulla al domicilio correspondiente.

El programa era relativamente pequeño, con capacidad para atender hasta 300 reclusos simultáneamente. Al principio, las tobilleras se distribuían por orden de llegada, solo a los ancianos y a los enfermos terminales, con el fin de permitirles pasar sus últimos días con sus familias y bajo arresto domiciliario. Finalmente, todas las nuevas entradas en el programa se convirtieron en prisión preventiva, para personas que esperaban una sentencia definitiva, y asignadas a cualquier tipo de delito, incluidos la violación o el asesinato.