Se trata de un programa voluntario de implantación de cámaras corporales para policías. El objetivo es reducir los incidentes de abuso de la fuerza policial y las quejas de los civiles.

Los agentes de policía están obligados a encender sus cámaras en cuanto se encuentren con determinados incidentes y a apagarlas cuando hayan terminado su aproximación. Las grabaciones deben clasificarse por tipo de suceso y no pueden ser vistas por los agentes de policía, salvo en situaciones específicas como investigaciones y comparecencias ante los tribunales, en las que las grabaciones se consideran pruebas del caso.