Una evaluación de impacto evidenció que los participantes en el programa obtuvieron mejores resultados en las medidas de consumo de drogas, conducta delictiva y encarcelamiento que el grupo de control. Sin embargo, hubo pocas diferencias significativas entre los grupos en las mediciones de otras prestaciones, como la situación socioeconómica, la salud mental y física, el apoyo familiar y la vivienda [1]. El estudio evaluó 1.800 casos, en 23 tribunales de drogas de 8 estados (Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Washington) [1].