Texto de: Rodrigo Pantoja*

La reincidencia en delitos de las personas que pasan por el sistema penitenciario es un problema grave y costoso que afecta a todas las sociedades. Las teorías sobre las sanciones aplicadas han enfatizado la importancia del sistema de control penal para evitar que las personas se involucren en delitos y para “reeducar” o “resocializar” a quienes sufren medidas restrictivas o privativas de la libertad.

Sin embargo, los estudios científicos sugieren que la mera aplicación de sanciones privativas de libertad no reduce, sino que incrementa, la probabilidad de que las personas sigan perseverando en conductas antisociales cuando retoman su vida en comunidad.

La criminología empírica, basada en estudios científicos longitudinales y experimentales, ha trabajado intensamente para resolver este problema desde la segunda mitad del siglo XX. Esta línea de investigación ha derivado en grandes avances.

En la actualidad, se cuenta con conocimientos respecto de las variables o condiciones personales y sociales que se se asocian en mayor magnitud a la conducta delictual.

Estas variables, llamadas “factores de riesgo” por su correlación en la probabilidad de conducta futura, adquieren niveles de incidencia sobre el comportamiento según las distintas etapas del ciclo vital. 

Por ejemplo, los estudios longitudinales que han monitoreado el desarrollo de niños en riesgo social en Estados Unidos durante períodos de 20 años sugieren que el consumo de sustancias psicotrópicas es uno de los factores que aportan mayor riesgo de conducta antisocial futura si el consumo se inicia en el período de 6 a 11 años; sin embargo, cuando el consumo se inicia a partir de los 12 años, el riesgo marginal de conducta delictual asociado al consumo se reduce ostensiblemente.

En el ámbito de la prevención del delito en la infancia y la adolescencia, se destaca la experiencia de implementación de la “Terapia Multisistémica” en Chile. Este modelo de terapia fue adoptado en el año 2012 como el primer componente de lo que hoy es el “Sistema Lazos”, un modelo integrado de prevención de la violencia y la delincuencia basado en evidencia científica.

La Terapia Multisistémica es una intervención familiar orientada a activar la capacidad protectora de la familia, reducir la exposición de los adolescentes a condiciones de riesgo, y reducir su participación en conductas de riesgo. Se implementa selectivamente en adolescentes que presentan mayores probabilidades de verse involucrados en comportamiento antisociales. Los resultados en Chile revelan que este modelo de terapia reduce significativamente los “factores de riesgo” de los beneficiarios, y, en los casos de mayor probabilidad de conducta antisocial, reduce significativamente la probabilidad de registrar nuevos delitos en bases de datos oficiales

El conocimiento de los factores de riesgo más relevantes es importante porque permite priorizar las necesidades de atención de la población penal.

Por ejemplo, la asociación con pares antisociales y la presencia de aspectos cognitivos y de personalidad antisociales son los factores de riesgo más relevantes como predictores de la reincidencia en la población adulta; entretanto, la mejora del nivel de educación y de la empleabilidad solo contribuyen de forma moderada a reducir el riesgo de reincidencia. Sin embargo, las políticas de tratamiento penitenciario y reinserción social de la región latinoamericana tienden a promover la educación, la capacitación laboral y el acceso al empleo como las principales soluciones desde la perspectiva del apoyo para la integración social y la reducción de la reincidencia.

Desde luego, mejorar los niveles de educación, capacitación laboral y acceso al empleo comprende acciones necesarias e importantes porque contribuyen al proceso de integración social, ayudan a redimir penas o a acceder a beneficios penitenciarios y constituyen en sí mismas el ejercicio de derechos sociales. El problema surge cuando se espera que la educación y el empleo produzcan reducciones significativas de la reincidencia en circunstancias en las que el aporte de estos factores solo es moderado.

Se recomienda que las instituciones rectoras de la función penitenciaria tengan conocimiento de los hallazgos de la investigación científica con respecto a los factores que predicen la reincidencia y sobre los métodos de intervención que son más eficaces para reducir este fenómeno. Por ejemplo, la aplicación de ciertos tipos de tratamientos psicológicos cognitivo-conductuales en población penal puede asociarse con la reducción de entre un 12% y un 25% de la probabilidad de reincidencia. Aunque el efecto es relativamente bajo, el tratamiento suele ser más efectivo en los casos de mayor riesgo. El segmento de población penal de riesgo alto suele ser, al mismo tiempo, el grupo de infractores más activo cuando se encuentran en la comunidad; estos infractores son capaces de producir una cantidad desproporcionadamente alta de víctimas. Por ello, el efecto relativamente bajo en la reducción de la cantidad de personas reincidentes puede traducirse en un efecto relativamente alto en términos de victimización, debido a la enorme cantidad de personas que dejan de ser víctimas de delitos debido a la interrupción de patrones de conducta delictivo.

El conocimiento relativo a factores de riesgo y métodos de tratamiento efectivo para la reducción de la probabilidad de reincidencia ya ha comenzado a aplicarse en América Latina. Chile inició en 2007 un programa piloto que logró una disminución de la reincidencia del 30% en la población penal de riesgo de reincidencia moderado y alto. Hoy en día, la valoración sistemática del riesgo de reincidencia y la aplicación de tratamientos especializados para motivar el cambio de conducta y modificar factores de riesgo forman parte de las políticas nacionales de gestión penitenciaria.

Estas mismas prácticas comenzaron a aplicarse hace dos años en el sistema penitenciario de Uruguay y se espera su pronta implementación por parte de la Secretaría de Justicia del Estado de Espírito Santo en Brasil, a través del programa “Moderniza-ES”, financiado por el BID

Es alentador apreciar que la incorporación de conocimiento y tecnología puede dar lugar a sistemas penitenciarios más preocupados por cuidar de las oportunidades de integración social de los penados y, además, crear mejores capacidades de contribuir a la seguridad de toda la sociedad mediante la reducción de la probabilidad de reincidencia de las personas que se encuentran bajo la responsabilidad de las instituciones penitenciarias del sistema de justicia.

*Rodrigo Pantoja es especialista sectorial senior en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID en Brasil