Una revisión sistemática realizada por Campbell Collaboration analizó intervenciones cognitivo-conductuales aplicadas a infractores de la ley y descubrió una reducción media del 25% en la reincidencia, siendo que las configuraciones más eficaces de este tipo de intervención lograron reducciones de hasta el 50%. El estudio también indica que no se han identificado variaciones significativas en la eficacia de la intervención si la población tratada es de adolescentes o de adultos, por lo cual, con todo lo demás constante, la terapia cognitivo-conductual (TCC) tiende a ser eficaz tanto para los jóvenes como para los adultos. Esta revisión sistemática también señala otros dos aspectos importantes. En primer lugar, el factor más decisivo para la eficacia de las intervenciones es la calidad de su implementación (cuán bien implementados están los programas, y cuán bien entrenados están los proveedores); en segundo lugar, los resultados revelan que la TCC tiene un mayor efecto entre los infractores con alto riesgo de reincidencia que entre los de menor riesgo [1].
La Plataforma Crime Solutions califica este tipo de intervención como prometedora tanto en la reducción de la reincidencia delictiva como cuando se aplica a infractores adultos cuya probabilidad de reincidencia se estima entre un riesgo moderado y alto [2].
Cuando es aplicada como una estrategia de manejo de la ira para infractores masculinos adultos, la práctica también es calificada como prometedora para reducir la reincidencia criminal (incluyendo la reincidencia en delitos violentos) por Crime Solutions.
Específicamente en este caso, los infractores que participaron y completaron el tratamiento tuvieron una reducción del 42% en el riesgo de reincidencia delictiva general y una reducción del 56% en el riesgo de volver a ser condenados por delitos violentos, en comparación con los que no participaron en la intervención [3].
Finalmente, la Plataforma Crime Solutions también ha recopilado evidencias de la aplicación de la TCC para reducir el comportamiento antisocial de los jóvenes infractores en arresto domiciliario. En este caso, sin embargo, la práctica es calificada como “sin efecto” para la reducción de la reincidencia (medida después de un período de seguimiento de 24 meses). De todos modos, según el resumen realizado por el Crime Reduction Toolkit, estos resultados insuficientes pueden explicarse por el hecho de que los programas residenciales pueden tener dificultades para mantener y generalizar los cambios de comportamiento si los pares, la familia y la escuela no pueden incluirse directamente en los programas de tratamiento. Esto se debe a que, en el marco de la TCC, es importante que la intervención incluya mecanismos que brinden a los individuos en tratamiento la oportunidad de practicar nuevas habilidades y comportamientos en entornos en los que se producen de forma natural en la vida cotidiana [4].