Un estudio cuasi experimental realizado en siete clínicas de salud evidenció que el uso del protocolo de evaluación contribuyó a una mayor detección anual de mujeres embarazadas víctimas de la violencia. A los 12 meses de seguimiento, el uso del protocolo de evaluación identificó un 7% de las mujeres embarazadas que eran víctimas de abusos y, de ellas, el 53% recibió derivaciones, mientras que no se identificaron abusos ni se realizaron derivaciones en el caso de las embarazadas del grupo de comparación [1].