El concepto de procedimiento justo, a veces traducido como justicia procesal, procura destacar la relevancia de la calidad del trato dispensado por los funcionarios públicos en general, y especialmente por quienes tienen autoridad para usar la fuerza.

Para que la policía sea eficaz en el control de la delincuencia y en el mantenimiento del orden, es necesaria la cooperación voluntaria de los ciudadanos. Las investigaciones han demostrado que los ciudadanos son más propensos a cooperar con la policía y a obedecer la ley cuando perciben a la policía como legítima.

Así, el concepto de procedimiento justo enfatiza la importancia de las relaciones desarrolladas entre los ciudadanos y las autoridades para mejorar la percepción de legitimidad de las instituciones y se operacionaliza a través de la forma en que la policía trata a los ciudadanos y de la equidad de las decisiones tomadas, procurando impactar en la forma en que los ciudadanos perciben el tratamiento de la policía durante los procesos de toma de decisiones.

Más concretamente, el procedimiento justo se basa en cuatro componentes principales:
1) la participación ciudadana en los procesos y procedimientos previos a la decisión de la autoridad implicada (voz ciudadana);
2) la percepción de la neutralidad de la autoridad al tomar la decisión;
3) la demostración de dignidad y respeto hacia los ciudadanos durante toda la interacción;
4) la comunicación de los motivos de las decisiones y la transmisión de confianza en la capacidad de las instituciones públicas para resolver los problemas.