Se trata de una legislación destinada al registro de personas que han cometido delitos sexuales contra niños, y al uso de esa información por parte de los agentes de las instituciones policiales. El objetivo es estandarizar el sistema de información, controlar a los infractores y evitar la revictimización de los niños/as.

El registro incluye una foto, el nombre, la dirección y el delito cometido, y se utiliza como recurso para las investigaciones y las comprobaciones de antecedentes penales previas a la contratación en trabajos de cuidado de niños/as.

Es un procedimiento de justicia restaurativa que propone encuentros entre víctimas e infractores (delitos violentos o contra el patrimonio) para discutir los delitos cometidos, sus consecuencias e implicaciones para el futuro, con el objetivo de resolver el conflicto a través de la mediación de un policía facilitador.

Es un procedimiento de justicia restaurativa que propone reuniones entre víctimas e infractores (robo) para discutir sobre los delitos cometidos, sus consecuencias e implicaciones para el futuro, con el objetivo de resolver el conflicto bajo la mediación de un oficial de policía facilitador.

Se trata de un procedimiento de justicia restaurativa que propone encuentros entre víctimas e infractores para debatir sobre los delitos cometidos, y sus consecuencias e implicaciones para el futuro, con el objetivo de resolver el conflicto bajo la mediación de un facilitador policial.

Se trata de un programa de conferencias de justicia restaurativa entre jóvenes involucrados en delitos contra la propiedad con una víctima. Cuando se utiliza como alternativa al proceso judicial, las conferencias de justicia restaurativa promueven una reunión entre el joven que admitió el delito, sus defensores, la víctima, los defensores de la víctima, un oficial de policía y un moderador y permiten que la estigmatización sea baja, que el joven se pueda reinsertar más rápido en la comunidad, y que cometa menos delitos en el futuro.

Es un programa de sentencias alternativas destinado a desviar del sistema de justicia penal a los infractores que han cometido delitos no violentos por primera vez.

Los acusados son supervisados por el programa durante 12 meses, teniendo que comparecer ante el tribunal para una vista inicial y, a partir de entonces, una vez cada tres meses. Tras el juicio inicial, los acusados son supervisados mensualmente por un funcionario de los servicios de prisión preventiva.

Es un programa implementado por el Tribunal de Resolución de Problemas, para atiender casos de violencia doméstica. El objetivo es disuadir y garantizar la aplicación de sanciones en los casos en que el infractor no cumpla las medidas restrictivas, así como atiender las necesidades de las víctimas.

Para poder acceder a uno de los 24 tribunales especializados, una familia debe haber sufrido al menos un delito relacionado con la violencia doméstica, la mayoría de las veces en forma de violencia de pareja.

Se trata de una intervención judicial destinada a activar unidades especializadas para enjuiciar los delitos relacionados con las bandas. Los fiscales eligen sus casos con base en criterios que ayudan a identificar individuos reincidentes en delitos violentos graves.

Cada fiscal sigue un pequeño número de casos de forma continua y recibe apoyo adicional de la policía y otros organismos. Estos factores contribuyen a un mejor seguimiento de los testigos y a la preparación temprana de cada caso, restringiendo cualquier acuerdo previo al juicio.

Es un programa para asistir a las personas encarceladas por primera vez por conducir bajo los efectos del alcohol, para reducir las tasas de embriaguez al volante.

Estos infractores primerizos son encarcelados durante 28 días en un centro de seguridad mínima y reciben un tratamiento multicomponente culturalmente adaptado.

Es un programa implementado por Tribunal de Tratamiento de Drogas para Jóvenes. El objetivo es reducir el consumo de alcohol y otras drogas y la reincidencia delictiva.