Los programas de monitoreo electrónico de infractores utilizan diferentes tecnologías para monitorear la ubicación de las personas que han sido condenadas y se encuentran cumpliendo sanciones no privativas de libertad (no encarceladas).
Los mecanismos de supervisión de la pena implican la vigilancia y el seguimiento de las actividades de un individuo en la comunidad, así como la presentación de los mismos en alguna agencia y, generalmente, debería requerir la evaluación de riesgos de los infractores para identificar los factores que pueden influir en su probabilidad de participar en actividades delictivas. Puede aplicarse a la libertad condicional, provisional u otras medidas alternativas.
Se entiende por medidas alternativas las medidas judiciales aplicables antes o después de la condena que, en lugar de establecer una pena de prisión, pretenden, por decisión judicial, aplicar penas y sanciones no privativas de libertad.
La metodología de la justicia restaurativa tiene como premisa fundamental, en el marco de la justicia penal, la comprensión del delito como una violación de las personas y las relaciones y no simplemente una violación de la ley.
Los tribunales familiares de tratamiento de drogas (FTDC, por sus siglas en inglés) adoptan un enfoque multidisciplinar y de colaboración para ayudar a las familias cuyos padres/cuidadores tienen problemas de dependencia química y/o abusan de sustancias psicoactivas.
La disuasión focalizada busca cambiar el comportamiento del infractor mediante la comprensión de las dinámicas subyacentes que producen el delito, las condiciones que sostienen los problemas de delincuencia recurrentes y la implementación de una estrategia combinada apropiadamente enfocada de acciones de aplicación de la ley, movilización comunitaria y servicio social. Estas estrategias también son conocidas como “Tirar de la Palanca” (“Pulling Levers”).
Los tribunales de tratamiento de personas que conducen vehículos bajo la influencia de sustancias o intoxicados (DWI, en Inglés) intentan replicar la experiencia exitosa de los tribunales de tratamiento de drogas, facilitando el acceso de los infractores a los servicios de educación y tratamiento del consumo de alcohol, y permiten la suspensión de los procedimientos penales, mientras que el demandado demuestre el progreso en el proceso de tratamiento.
Los programas judiciales de redireccionamiento para jóvenes infractores pretenden derivar a los adolescentes hacia alternativas al sistema formal de procesamiento en el ámbito de la justicia penal, suspendiendo el procedimiento de sanción, manteniendo el interés de culparlos por sus acciones y evitando la reiteración de comportamientos ilícitos.
Los tribunales de tratamiento de drogas para jóvenes/adolescentes son tribunales especializados en casos penales que involucran a esta fracción de la población, en la que el uso de drogas por el acusado puede ser un factor relevante en el análisis de la conducta delictiva. Permite la suspensión de los procedimientos penales, ya que el adolescente se compromete a ingresar y permanecer en el tratamiento del uso de drogas, y puede, en algunos casos, poner fin a los procedimientos penales si el joven demuestra una rehabilitación completa.
Son tribunales que combinan el tratamiento de drogas con la autoridad legal y moral del tribunal, en un esfuerzo por romper el ciclo del uso de drogas y los delitos relacionados con las drogas o el alcohol. Generalmente trabajan en asociación con los servicios de salud mental y otros servicios sociales, con el objetivo de evitar que las personas en estas situaciones entren al Sistema de Justicia Criminal (juzgados y cárceles) y agraven su trayectoria delictual.