El desarrollo de habilidades específicas de intervención con población penal es uno de los mayores desafíos que deben enfrentar los profesionales que trabajan en los sistemas penitenciarios, tanto en entornos cerrados (cárceles) como abiertos (libertad condicional, entre otros).
Los programas de intervención judicial para maltratadores (“Court-mandated batterer intervention programs”, ou BIP, por sus siglas en inglés) se refieren a intervenciones dirigidas a maltratadores implicados en casos de violencia doméstica y de género que son ordenadas por los tribunales tras su detención.
Los programas de Educación para la Resistir el Abuso de Drogas (D.A.R.E., por sus siglas en inglés) son un tipo de intervención orientada a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, centrada en niños/as y adolescentes en edad escolar. Concebido originalmente por el Departamento de Policía de Los Ángeles (EE.UU.) en 1983, este tipo de programa busca advertir a estos jóvenes de los riesgos asociados al consumo de drogas y a las prácticas violentas. D.A.R.E. ha inspirado iniciativas similares en varios países (PROERD en Brasil, por ejemplo).
Los programas de parentalidad abarcan distintas iniciativas dirigidas a reducir la incidencia de la violencia intrafamiliar, incluyendo el maltrato la negligencia y/o el abuso infantil, la violencia de pareja y la violencia doméstica en general. Para ello, estas intervenciones articulan componentes dirigidos a la promoción de relaciones familiares sanas y al refuerzo de los perfiles familiares protectores.
Las medidas alternativas, tanto “en medio abierto”, “comunitarias” o “cautelares”, se refieren a los institutos jurídicos aplicables, antes o después de la condena, que, por decisión judicial, buscan imponer penas y sanciones no privativas de libertad en lugar de establecer una pena de encarcelamiento.
La salida temporal y la libertad condicional buscan fomentar la reintegración social de aquellos en una situación de privación de libertad en el sistema penitenciario, a través de un proceso progresivo de conquista de confianza.
La salida temporal es el primer tipo de libertad que puede recibir un infractor, y puede ser autorizado por varias razones, incluido el trabajo en proyectos de servicio comunitario, el contacto familiar, el desarrollo personal y razones médicas.
Los programas para la limitación de los tiempos de venta de bebidas alcohólicas establecen restricciones a los horarios, días y lugares en que se permite vender bebidas alcohólicas, que pueden adoptarse a nivel municipal, regional o nacional. El objetivo es reducir las ventas y el consumo de alcohol y, en consecuencia, generar conciencia de que el consumo excesivo puede causar serios daños a la salud o la seguridad en sí, como accidentes, lesiones individuales, alteraciones silenciosas o violencia interpersonal.
La expresión justicia procedimental conceptualmente resalta la calidad del servicio prestado por los agentes públicos y las autoridades que actúan en las instituciones destinadas a aplicar el uso legítimo de la fuerza. Además, destaca la relevancia de los elementos procedimentales y de las relaciones desarrolladas entre los ciudadanos y las autoridades para la calidad de las decisiones y para la percepción de legitimidad de las instituciones a los ojos de la ciudadanía, en general, y de aquellos involucrados en procesos judiciales, en particular.
Los programas de concienciación juvenil, también llamados programas de “concienciación penitenciaria”, son programas destinados a disuadir a los jóvenes del comportamiento delictual en el futuro, al proporcionarles una experiencia vivencial a través de la cual pasan a conocer cómo es la realidad dentro del sistema penitenciario. Para ello, estos programas organizan visitas de jóvenes (normalmente menores de 18 años) que, o bien ya han cometido delitos, o bien son jóvenes con alto riesgo de convertirse en infractores, en instalaciones penitenciarias.
En Estados Unidos, en aproximadamente el 75% de las ciudades, se aplican normas de toque de queda obligatorio para restringir la presencia de jóvenes (17 años o menos) en ciertos espacios públicos por períodos específicos. Estas leyes otorgan a la policía el poder de detener e interrogar a los jóvenes y exigir regreso a la casa o aplicar multas o sanciones, cuando corresponda.