El “bullying” comprende una serie de comportamientos agresivos, que pueden incluir agresiones físicas, verbales o psicológicas/relacionales. Puede suceder en el entorno escolar (“acoso escolar” o “bullying escolar”) o a través de Internet (“ciberacoso” o “cyberbullying”), y las personas pueden involucrarse en el acoso como perpetradores o víctimas, así como espectadores/testigos (“bystanders”), defensores o reforzadores de estos comportamientos.
Este tipo de intervención incluye programas destinados a prevenir y/o reducir el comportamiento agresivo o violento entre niños/as y adolescentes en edad escolar.
Este tipo de intervención incluye programas de terapia familiar sistémica, diseñados para desarrollar habilidades en cuidadores (padres, madres u otros) de adolescentes que cometieron crímenes. La terapia incentiva a los responsables a adoptar una actitud más proactiva y a monitorear y supervisar a los adolescentes, de modo que el fortalecimiento de las relaciones familiares suscite cambios positivos en la rutina y el comportamiento de estos jóvenes.
Los programas de redireccionamiento de salud mental buscan suspender el procesamiento de personas con trastornos de salud mental y encaminarlas para la participación en programas específicos que, aunque persigan la responsabilización de estos individuos por sus actos, intentan reducir el contacto con el sistema de justicia penal, con el objetivo de prevenir el empeoramiento de la trayectoria delictiva de las personas en estas situaciones.
Los programas de redireccionamiento basados en intervenciones comunitarias tienen como objetivo es derivar a los infractores que consumen drogas de clase A (crack, éxtasis, heroína, LSD) del sistema de justicia penal, suspendiendo el proceso de enjuiciamiento en contrapartida de la participación (voluntaria u obligatoria) de estas personas en programas de tratamiento del abuso de sustancias.
Los programas de “interruptores de la violencia” tratan de aplicar las metodologías y estrategias de salud pública utilizadas en la contención y reversión de epidemias para actuar de forma preventiva en situaciones de violencia, mediante la detección e interrupción de los conflictos e incidentes.
La intervención consiste en mantener las escuelas abiertas más allá del horario lectivo regular, incluyendo los fines de semana, para facilitar el acceso de niños/as y adolescentes a actividades complementarias al currículo escolar y que contribuyen a su desarrollo saludable e integral. Estas acciones suelen desarrollarse en instalaciones de la escuela, o en centros comunitarios, y pueden incluir actividades de refuerzo pedagógico, recreación, deportes, talleres de educación social y emocional, tutoría, entre otras .
Las órdenes de protección, también llamadas “órdenes de restricción” o “medidas protectoras” son diseñadas para prevenir la reincidencia de la violencia de género, y para garantizar la protección integral de las personas que sufren múltiples discriminaciones y violencias por razón de su género.
El monitoreo electrónico hace uso de diferentes tecnologías para monitorear la ubicación de la persona condenada que permanece en libertad pero con ciertas restricciones.
Los programas de monitoreo electrónico de infractores utilizan diferentes tecnologías para monitorear la ubicación de las personas que han sido condenadas y se encuentran cumpliendo sanciones no privativas de libertad (no encarceladas).