Es un programa de servicios coordinados para el apoyo de individuos con trastornos de salud mental que han salido del sistema penitenciario. El objetivo es facilitar el proceso de reintegración en la comunidad y reducir la reincidencia y el abuso de sustancias a través del seguimiento continuo.

El programa consiste en la formación de equipos de trabajadores sociales y oficiales de policía para facilitar el acceso a servicios comunitarios y de asistencia, guiar durante el proceso de libertad condicional y proporcionar más estabilidad financiera.

Es un sistema de gestión de casos que se implementa con el acompañamiento de servicios de protección infantil. El objetivo es explorar las fortalezas y atender a las necesidades de niños/as en situación de riesgo que fueron retirados de sus familias para reducir su exposición al maltrato.

El sistema consiste en la implementación de procedimientos objetivos para mejorar las intervenciones de cuidado infantil, como la identificación de niños/as en situación de alto riesgo, y la referencia de sus familias a servicios socioasistenciales.

Es un programa que consistió en la aprobación de leyes municipales que reducían los horarios de apertura de los bares y prohibían la venta de bebidas alcohólicas durante ciertos períodos de tiempo, lo que se conoció como Ley Seca. El objetivo principal de Ley Seca era reducir la criminalidad.

Es un programa del tribunal de drogas dirigido a mujeres implicadas en el sistema de justicia penal. El objetivo es ofrecer tratamiento específico para las mujeres y prevenir la implicación en actividades delictivas y la recaída en el consumo de sustancias.

El programa consiste en la aplicación de abordajes cognitivos-conductuales, terapias experienciales (como el arteterapia), meditación y técnicas de entrenamiento de habilidades y psicoeducación compatibles con el género femenino.

Se trata de una legislación destinada al registro de personas que han cometido delitos sexuales contra niños, y al uso de esa información por parte de los agentes de las instituciones policiales. El objetivo es estandarizar el sistema de información, controlar a los infractores y evitar la revictimización de los niños/as.

El registro incluye una foto, el nombre, la dirección y el delito cometido, y se utiliza como recurso para las investigaciones y las comprobaciones de antecedentes penales previas a la contratación en trabajos de cuidado de niños/as.

Es un procedimiento de justicia restaurativa que propone encuentros entre víctimas e infractores (delitos violentos o contra el patrimonio) para discutir los delitos cometidos, sus consecuencias e implicaciones para el futuro, con el objetivo de resolver el conflicto a través de la mediación de un policía facilitador.

Es un procedimiento de justicia restaurativa que propone reuniones entre víctimas e infractores (robo) para discutir sobre los delitos cometidos, sus consecuencias e implicaciones para el futuro, con el objetivo de resolver el conflicto bajo la mediación de un oficial de policía facilitador.

Se trata de un procedimiento de justicia restaurativa que propone encuentros entre víctimas e infractores para debatir sobre los delitos cometidos, y sus consecuencias e implicaciones para el futuro, con el objetivo de resolver el conflicto bajo la mediación de un facilitador policial.

Se trata de un programa de conferencias de justicia restaurativa entre jóvenes involucrados en delitos contra la propiedad con una víctima. Cuando se utiliza como alternativa al proceso judicial, las conferencias de justicia restaurativa promueven una reunión entre el joven que admitió el delito, sus defensores, la víctima, los defensores de la víctima, un oficial de policía y un moderador y permiten que la estigmatización sea baja, que el joven se pueda reinsertar más rápido en la comunidad, y que cometa menos delitos en el futuro.

Es un programa de sentencias alternativas destinado a desviar del sistema de justicia penal a los infractores que han cometido delitos no violentos por primera vez.

Los acusados son supervisados por el programa durante 12 meses, teniendo que comparecer ante el tribunal para una vista inicial y, a partir de entonces, una vez cada tres meses. Tras el juicio inicial, los acusados son supervisados mensualmente por un funcionario de los servicios de prisión preventiva.